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Denuncias por robo de cable aumentaron 65% desde enero

Denuncias por robo de cable aumentaron 65% desde enero

Las denuncias por robo de cable de cobre –por el que viajan varios de los servicios de telecomunicaciones del país– aumentaron 65% en los primeros siete meses del año al compararse con 2018, según datos de nuestra Dirección de Protección y Seguridad Institucional (DPSI).

Durante 2018, los reportes sumaron 125 registros de denuncias, mientras que, hasta agosto de 2019, esa cifra se eleva a 207.

Los esfuerzos coordinados entre el ICE y el Ministerio de Seguridad Pública han llevado a la detención de 30 personas como posibles responsables de la sustracción de cable durante este año.

Según nuestros datos, a nivel nacional, Puntarenas es la provincia con mayor incidencia –76 casos–, seguida de Alajuela con 45, Limón con 29 y Guanacaste con 20. San José, Cartago y Heredia son las de menor afectación; entre las tres suman 37 denuncias.

Las comunidades de más incidencia son Parrita, Esparza, Caldera, Barranca, Chomes, Orotina, San Ramón, Grecia, Atenas, Matina, Siquirres, Abangares y Bagaces.

En cuanto al perjuicio económico, la erogación por nuestra parte aumentó 173% al comparar 2019 con 2018.

Juan de la Cruz Brenes, director de la DPSI, señaló:

“Nuestra tarea es llevar al mínimo los reportes de suspensiones de servicios por robo e identificar a quienes comenten el delito. Hacemos el llamado a la población para que denuncie a la línea 8000–ICESOC (423762) o al 9–1–1. Toda información recibida es confidencial”.

Como medidas preventivas, realizamos acercamientos para sensibilizar a los habitantes de los cantones perjudicados sobre las implicaciones de tolerar el robo en sus comunidades.

Esta labor se lleva a cabo con asociaciones de desarrollo y otras organizaciones como campamentos, iglesias, clínicas, comercios y clientes directos.

Además, ejecutamos un Plan de Protección de la Infraestructura de las Redes de Servicio del ICE, en cuya estrategia de abordaje del robo participan entidades policiales, judiciales y gobiernos locales.

El ICE cuenta con personal 24/7 para atender reportes y realizar coordinaciones de operación y mantenimiento que restablezcan los servicios impactados.

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