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Contraloría no detectó una sola contratación indebida de las 7.697 que investigó

Contraloría no detectó una sola contratación indebida de las 7.697 que investigó

El informe de la Contraloría sobre compras de bienes y servicios (DFOE–IFR–IF–00001–2017), divulgado por La Nación este martes, no encontró irregularidades, falta de transparencia, injerencia o impedimento legal en las adjudicaciones realizadas en el período investigado (2012–2015).

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  • De las 7.696 adquisiciones, no se detectó una sola compra indebida ni se logró materializar ningún riesgo. De haberse dado una situación irregular, la misma Contraloría hubiera exigido de inmediato la resolución contractual, así como los procedimientos de sanción respectivos a todos los involucrados.
  • Del total de compras adjudicadas, 59 (un 0,7%) muestra una relación familiar con algún funcionario del ICE. Lo que no se dice es que ninguno de ellos está dentro de la restricción que define la Ley de Contratación Administrativa, por lo que no existía impedimento para que estos oferentes participaran, como lo reconoce el mismo informe del órgano contralor.
  • Aunque no encontró ninguna irregularidad, la Contraloría ordenó al ICE revisar todas las declaraciones juradas, lo que ocasionaría a la Institución unos 6.000 millones de colones en pérdidas anualmente.
  • El ICE solicitó una medida cautelar en defensa de la Institución porque el informe desconoce la Ley 8660 y atenta contra la sostenibilidad empresarial; también le resta competitividad, al pedir medidas absurdas que afectan sus finanzas, ignorando disposiciones elementales de la contratación pública.
  • Desde el 2007, todas las compras de menor cuantía del ICE son concursadas, lo que ha permitido que participen por una sola compra hasta 29 oferentes. El ICE abre un concurso a través de la plataforma pública digital, al final del proceso se selecciona a los que cumplen con los requerimientos técnicos y se adjudica el de menor costo.
  • La tendenciosa publicación de este martes 1 de agosto de La Nación, titulada ICE realiza contrataciones riesgosas con parientes de funcionarios, forma parte de la reanudación de la presión mediática, política e institucional en contra el Modelo Eléctrico costarricense, ejemplo para el mundo por ser solidario, renovable, sostenible y de calidad.
  • La Administración Superior reafirma su compromiso con el país y reitera su convicción y decisión de seguir defendiendo al ICE, como baluarte del desarrollo económico y social de Costa Rica.
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